En lo que va del año se adoptaron cerca de 480 medidas de abrigo, el doble que en 2020. La Dirección de Niñez y Juventud del Municipio interviene en cada caso y aloja al menor en riesgo con un familiar o en una institución. La pandemia, la crisis económica, la violencia y el consumo problemático, trasfondo de un flagelo que deja secuelas de por vida.
Los casos de maltrato físico, psicológico, doméstico e institucional que tienen a menores de edad como víctimas registran un marcado crecimiento desde el inicio de la pandemia. A nivel nacional las denuncias crecieron más de un 70%. En Mar del Plata se multiplicaron las intervenciones de los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Niñez y Juventud del Municipio y en lo que va del 2021 la cantidad de medidas de abrigo tomadas -cuando los chicos en riesgo son apartados de sus padres- se duplicaron en relación al año pasado.
Una medida de abrigo es una protección excepcional de los derechos del niño a la cual se llega “en última instancia”, en general, luego de varias intervenciones previas. Menores golpeados, desprotegidos, abusados y/o desamparados integran esta población que demandó, a raíz de una denuncia previa, el accionar del Estado, con secuelas que en varios casos duran toda la vida.
En Mar del Plata se replicó la tendencia nacional de un incremento de denuncias por situaciones de maltrato infantil en el último año y medio. Durante la pandemia, con el encierro preventivo primero y la crisis económica después, “la demanda aumentó” y “empezamos a registrar un incremento en los niveles de violencia”, aseguró a LA CAPITAL Adrián Lofiego, director del área de Niñez y Juventud del Municipio de General Pueyrredon.
Cabe señalar que ni siquiera en la etapa más dura de la cuarentena los 11 equipos interdisciplinarios del área frenaron su tarea en Mar del Plata y Batán. Las 10 instituciones de contención con las que trabajan, cuatro de las cuales albergan a chicos de 0 a 18 años, tampoco dejaron de funcionar. Por el contrario, redoblaron esfuerzos.
Durante el 2020, los equipos de la Dirección realizaron 1939 intervenciones tras denuncias provenientes de particulares, vecinos o instituciones que advertían diferentes tipos de maltrato. En la recta final para terminar el año, el 2021 registra 1647 intervenciones, menos que el año pasado pero más que en 2019.
Frente a cada denuncia, los equipos técnicos evalúan las circunstancias expuestas y, en ocasiones, “ante la duda”, se separa a los chicos del grupo familiar “hasta que se compruebe el hecho de violencia denunciado” con el objetivo de “restituir los derechos (vulnerados) del niño”.
A partir de la Ley provincial N° 13.298, los equipos de protección de los derechos de la niñez tienen potestad para tomar medidas de abrigo, algo que hasta hace algunos años solo podía hacer el Poder Judicial.
Mientras que en 2019 en el partido de General Pueyrredon se adoptaron 319 medidas de abrigo por diferentes situaciones de violencia advertidas, en 2020 el número se redujo a 234, pero este año ya se tomaron 477 medidas de abrigo, el doble que el año pasado, según datos oficiales de la Dirección de Niñez y Juventud del Municipio.
En la ciudad hay diez instituciones de contención, de las cuales cuatro albergan transitoriamente a chicos de 0 a 18 años.
La medida de abrigo, apuntó Lofiego, se aplica “como última medida después de hacer una serie de intervenciones”. Si bien en su mayoría recaen sobre menores de familias de bajos recursos, también se dan en los sectores medios y altos.
Los chicos ingresan por una medida de abrigo que adopta el Servicio Local que está dentro del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez.
Si bien los casos de maltrato físico suelen ser los que se detectan con mayor rapidez, también se investigan situaciones de violencia psicológica. Ambos tipos de violencia dejan marcas en la vida de las víctimas, que ingresan a un sistema de protección a cargo de los equipos interdisciplinarios del área de Niñez, compuestos por psicólogos, abogados y trabajadores sociales.
En ciertos casos, el menor implicado en la medida de abrigo pasa a estar bajo la tutela de otro familiar. En otros, quedan a cuidado en las instituciones de protección con las que trabaja el Municipio. Cada centro de contención tiene un promedio de 700 legajos y en general hay, permanentemente, unos 200 casos activos.
Puertas adentro de cada casa de abrigo, la calidez de la protección y el amor puesto al servicio de los menores se escribe con letras mayúsculas y confidencialidad.
Pero tras la medida de abrigo, el trabajo sigue, no se abandona. Los equipos interdisciplinarios brindan asesoramiento y seguimiento de cada situación. Incluso, al concluir la medida, siguen generándose encuentros con los equipos para evitar que la violencia continúe.
Psicólogos, abogados y trabajadores sociales integran los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Niñez y Juventud.
El tema del consumo problemático de sustancias “es muchas veces un común denominado” en las situaciones de maltrato infantil, aunque no siempre.
“Lamentablemente para nosotros es común que una mamá o un papá te diga que tiene problemas de consumo y que quiere entregar a su hijo o hija porque no lo puede criar en buenas condiciones, lo cual es tristísimo para todos”, indicó el director del área de Niñez y Juventud.
Entre los adultos “responsables”, el problema del consumo puede estar muchas veces ligados a una enfermedad de salud mental. La cuestión sobre la que se trabaja también es ver si la enfermedad desencadenó una adicción o si es justamente al revés.
“El Estado tendría que tener los dispositivos adecuados para afrontar este tipo de situaciones, pero no siempre están y es algo en lo que hace años venimos trabajando”, reconoció Lofiego, con 18 años de experiencia en el área de Niñez.
Las secuelas del maltrato, en la mayoría de los menores, “son intangibles a simple vista” pero “en muchos casos duran años o son de por vida”, completó.
Parte de las denuncias suele provenir de las escuelas, cuando docentes advierten que un alumno falta reiteradamente, presenta lesiones o bien expone señales que despierten la sospecha de un caso de maltrato. El año pasado ese nexo se vio interrumpido.
El advenimiento de la pandemia de Covid-19 reconfiguró todos los escenarios de una manera altamente disruptiva. El aislamiento social, preventivo y obligatorio suspendió las clases presenciales, las actividades recreativas y deportivas, a la vez que redujo las posibilidades de acceso a los centros de salud en territorio. Con estas medidas se vieron restringidos los espacios que suelen transitar los niños, las niñas y adolescentes como centro de su vida cotidiana, como así también los espacios habituales de consulta y denuncia.
También se canalizan denuncias a través de la línea telefónica provincial 102: en Mar del Plata las llamadas entran directo al Municipio.
La Línea 102 es un servicio de atención gratuito y confidencial especializado en la escucha, contención y orientación para la promoción, protección y difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un dispositivo federal especializado, identificable y visible del Sistema de Protección Integral que promueve y sensibiliza acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En situaciones de vulneración de derechos interviene articuladamente con el órgano local de aplicación de la ley para procurar su restitución.
A nivel nacional, en el último año, hubo más de 38.000 llamados a la Línea 102, de los cuales unos 2600 fueron por motivos de abuso sexual.
Asimismo, entre otras instituciones, el equipo de trabajo social del Hospital Materno Infantil interviene al identificar posibles casos de maltrato o abuso, analizando cada caso y elevando la denuncia correspondiente.
En 2020, con el período de aislamiento y el incremento de las horas frente a las pantallas, las denuncias de chicos y chicas violentados en el entorno digital, lo que incluye principalmente al grooming, al sexting y al ciberbullying crecieron un 267% en Argentina, de acuerdo a lo informado por distintas entidades que abordan la problemática.
En Mar del Plata no hay estadísticas actualizadas en este sentido, pero desde el Municipio reconocen y alertan que “los hechos de grooming, sexting y también bulling se incrementaron exponencialmente” y no dudan en afirmar que constituyen “otra pandemia”, latente y con graves consecuencias entre las víctimas.
“Estamos recibiendo cada vez más denuncias de colegios e instituciones por situaciones de este tipo. En muchos casos no saben cómo actuar”, indicó el director de Niñez y Juventud, Adrián Lofiego, quien contó que en el sitio web del Municipio está volcada una guía elaborada junto al Ministerio Público Fiscal y la Universidad Fasta para saber cómo proceder, la cual contiene un protocolo de actuación de rápida implementación.
Insólitamente, confiaron desde el área, en más de una oportunidad el groomer es parte de la misma comunidad educativo: un hermano mayor, un padre o incluso docentes. “Hemos advertido situaciones de todo tipo. Y hemos aportado todo lo que sabemos para apoyar y evitar que esto ocurra, como así también para detectar al groomer”, completó el funcionario.
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El defensor del pueblo adjunto bonaerense y titular del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Walter Martello, solicitó intensificar campañas de concientización contra la violencia infantil en el sistema educativo y clubes a fines de combatir la problemática.
El problema “debe ser abordado desde toda su multidimensionalidad”, lo que implica “escuchar a los niños y tener en cuenta su voz en la planificación de las políticas de Estado”, dijo el funcionario.
Martello citó un estudio elaborado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que reveló que “casi el 60% de las niñas, niños y adolescentes de Argentina reconoce haber recibido algún tipo de castigo violento de disciplina, el 35,6% sufrió castigo físico y casi el 7% padeció palizas severas”.
Martello sugirió que como sociedad se de un “urgente cambio cultural” para que cada persona pueda “aportar a la hora de prevenir y denunciar los casos de violencia infantil ante la aparición de cualquier indicio”, y a su vez, recomendó que desde el Estado, se mejoren “los mecanismos institucionales de respuesta”.
El defensor pidió “agilizar la aprobación de leyes que garanticen la protección integral de los menores y asegure su aplicación a todos los niveles”, y emprender “una evaluación amplia del alcance, las causas profundas, los factores de riesgo y la naturaleza de la violencia, los malos tratos y el descuido de que son víctimas niños/as, con miras a formular una estrategia nacional integral para prevenir y combatir esos fenómenos”.
También, propuso fomentar programas destinados a prevenir y combatir la violencia doméstica, los malos tratos y el descuido de los/as niños/as.